"liberando pensamientos.."
Mientras que el nuevo gobierno tenía como objetivo inicialmente, poner de insignia la redistribución de tierras y la reparación de victimas como la ley que cerraría las llagas dejadas por el conflicto armado en Colombia , otros chicharrones que estaban acuñados en la gran bolsa de corrupción estallaron; el carrusel de contratación, los Nule y el cartel de la salud, se unieron con los problemas ambientales de la emergencia invernal y otros que posiblemente dejará la reforma de la ley 30 y la nueva ley lleras de derechos de autor.
Porque no solo el conflicto armado ha dejado llagas, la ley 100 de 1993, que “no contó con la consulta debida en momentos oportunos” (como lo expresa la revista semana en uno de sus artículos)[1] “buscó ser una ley perfecta ejecutada por seres imperfectos” ( no hay frase más exacta que describa la situación) quería un cubrimiento total de la salud cuando ni siquiera se tenían los recursos destinados para ello; puede que en materia de cobertura, mejoramiento de calidad de vida, disminución de la tasa de mortalidad y enfermedades se haya avanzado, pero hoy sabemos con qué estaban acompañados esos avances y cuan deficiente fue entonces la salud en Colombia, que nos conformamos con pequeñas cifras de mejoramientos. Hay quienes dicen que para ser la salud un derecho “el estado se pasó de madre” pero no exactamente madre de los ciudadanos sino de los accionistas de las EPS que engordaban su capital con casas recreativas en Villa Valeria y aumentaban desde 40 hasta 700 por ciento el precio de medicamentos, que por cierto no pasan de ser los ambulatorios de siempre, como el Ibuprofeno, Acetaminofen, Diclofenaco y otras variaciones que comúnmente se formulan, y es que ¿cómo no se van a volver inmunes las bacterias si las venimos atacando con el mismo Ibuprofeno desde hace más de 50 años?
Pero el problema de la ley 100 no termina allí, una de las mayores causas de los desfalcos a la salud, es la ambigüedad, falta de especificación y renovación en la prestación de servicios del Plan Obligatorio POS, que produjo confusión entre los servicios que cubre y los que no cubre este plan y desorganización por parte del ente regulador de la ley que no sabía que era o no del POS. Los recobros se convirtieron en cifras enormes y las posibilidades para un desfalco se dieron en bandeja de plata, hasta las bandas criminales del Chocó vieron en la salud una forma de adquirir recursos[2], sin contar lo que falta por descubrir del cartel de la salud.
Era de esperarse de la Superintendencia Nacional, entidad encargada de la inspección y vigilancia de más de 40.000 EPS, que cuenta con un bajo número de empleados y que solo resuelve los asuntos más cercanos e inmediatos, ósea lo que se generé en Bogotá[3].
Ahora, ya que se está interviniendo la EPS quedan dudas, sobre ¿cuál será el futuro de Saludcoop? ¿Quedará en manos de la superintendencia de la salud de forma permanente? Es claro, como lo dice el senador Jorge Robledo, quien fue el que denunció los desfalcos en el sector de la salud, que se debe acabar la ley 100 y crear una totalmente nueva, porque de lo contrario podrá colapsar el sistema, un dato curioso es que hace poco se reformó el sistema de salud, la ley 1428 del 2011 que claramente no produjo cambios beneficiosos y hace pensar si las futuras reformas al fin traerán esos cambios o seguiremos nadando en un mar de ambigüedades.
Es inevitable comparar esta situación con la que de forma similar está presentando la reforma de la ley 30 de educación, una posible solución que se plantean ante las deficiencias que tiene la actual ley, que desde 1992 anda diciendo que ‘la educación es un derecho’ y todavía lo sigue siendo, así como lo es trabajar y tener un techo, que esto se cumpla es otra cosa, que depende de los recursos que el estado destine, y como el estado no tiene de donde y le sería doloroso e impensable disminuir el porcentaje dirigido a la guerra, concluyó que lo mejor sería generar un capital mixto de empresas privadas y estado para financiar la educación, donde cada accionista intervendrá en una asamblea general de inversionistas, lo que le quitará autonomía a la universidad pública, convirtiéndola en un rin de intereses privados donde quien más acciones tenga más poder tendrá en la dirección de la universidad.
Si las leyes actuales tienen deficiencias, no me quiero imaginar que traerán las nuevas leyes en un país donde no tiene agenda política para un chicharrón más.
[2] Para más información visite http://elespectador.com/noticias/salud/articulo-270190-naranjo-advierte-de-relacion-de-eps-bandas-criminales
[3] Para más información visite http://www.semana.com/nacion/preguntas-respuestas-para-entender-intervencion-saludcoop/156734-3.aspx
